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Boletín de noticias 6 de febrero de 2012
EL TIEMPO
PROCURADOR ALEJANDRO ORDÓÑEZ ADMITIÓ QUE QUIERE SER REELEGIDO
Jefe del Ministerio Público aseguró que ya le pidió al Presidente que lo incluya entre los ternados.
El Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez afirmó en una entrevista a la emisora 'La FM' que ya ha hablado con el presidente Juan Manuel Santos para pedirle que su nombre vuelva a estar incluido entre los ternados para ocupar la jefatura del Ministerio Público, así como también les ha comentado a magistrados de las altas cortes que desea continuar en su cargo.
Ordóñez, de quien meses atrás se dijo que estaba entre los 'presidenciables' del Partido Conservador, sostuvo que su intención de seguir en la Procuraduría se sustenta en la necesidad de contar con más tiempo para continuar con los procesos que tiene a cargo.
'Pedir intervención de la CPI es como equiparar a Betancur con Gadafi'
Por otro lado, Ordóñez afirmó que solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar la supuesta responsabilidad del expresidente Belisario Betancur en las desapariciones del Palacio de Justicia, es equiparar al ex mandatario colombiano con el extinto líder del régimen libio Muamar Gadafi, pues sería admitir la incapacidad del Estado para procesarlo.
"La fiesta taurina es un avance civilizador"
El jefe del Ministerio Público, quien es un fiel seguidor de las corridas de toros, aseguró que esta práctica es una muestra del triunfo de la razón (del hombre) sobre la fuerza (de los animales). "Hay un escenario que no podemos desconocer: la fuerza y la inteligencia, en el cual sale triunfando la razón. El sufrimiento del toro debe entenderse dentro de su naturaleza y por eso se podría pensar que sufre más en un matadero en las plazas correspondientes", añadió Ordóñez, aludiendo al debate público que abrió el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al anunciar su decisión de no apoyar desde el Distrito a "espectáculos alrededor de la muerte".
ESCOLTAS DEL ESTADO SON UTILIZADOS HASTA PARA MERCAR O CUIDAR NIÑOS
El director de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar, está en el cargo hace 2 meses.
El director de la Unidad de Protección asegura que muchos esquemas están mal asignados.
Escoltas que son empleados para cargar el mercado o cuidar a los niños, personas que se autoamenazan para tener un esquema de seguridad o vendedores ambulantes que tienen carros blindados son algunos de los lunares que Andrés Villamizar encontró al recibir la recién creada Unidad de Protección del Gobierno. EL TIEMPO conversó con él.
¿A cuántos colombianos protege su unidad?
La Unidad quedó con todos los programas de protección que tenía el Estado y hoy son 9.000 los protegidos, aproximadamente. La mayoría no son funcionarios públicos: son periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto; personas a las que el Estado tiene la obligación de proteger por el riesgo extraordinario al que se ven sometidos en el desarrollo de su actividad.
¿Cuánto les cuesta a los contribuyentes la protección de esas 9.000 personas?
Colombia es el país que, en proporción a su tamaño y economía, más recursos destina a la protección de sus ciudadanos a través de esquemas directos de protección. Estamos hablando de más de 450.000 millones de pesos al año. La vida humana es invaluable, hay que protegerla, pero hay que asegurar que estas medidas se den realmente a las personas que las necesitan.
¿Va a haber una revisión?
Sí, y será muy minuciosa. A lo largo de estos años se han asignado esquemas sin ningún criterio técnico. La Corte Constitucional ha dicho claramente en sus sentencias que las medidas de protección deben aplicarse solamente cuando haya un riesgo extraordinario o extremo, y eso se define a través de un estudio de nivel de riesgo. Es lo que se está haciendo de manera técnica y profesional, sin ningún tipo de sesgo ideológico, para determinar qué esquemas deben mantenerse y cuáles retirarse, lo cual nos permitirá darles protección a personas que hoy no la tienen, como los líderes del proceso de restitución de tierras.
Precisamente, en los últimos meses ya van 20 líderes asesinados por restitución de tierras. ¿Van a revisar el tema?
Sin duda. Creemos que las personas con mayor riesgo en este momento son los líderes de la restitución de tierras, y un eslabón clave de la implementación efectiva de la ley de víctimas es la protección real de esos líderes. Vamos a ampliar de manera significativa los esquemas para ellos.
¿Hay abusos por parte de algunas personas que tienen esquemas?
Sin duda, sí. Hay muchos abusos que son culpa del protegido, que obliga, en muchos casos, a su esquema de seguridad a incumplir las normas. Por ejemplo, como cuando el protegido va tarde para una reunión y pone a su esquema a violar las normas de tránsito, a meterse en contravía y a pasarse los semáforos en rojo. Los utilizan para que les carguen el mercado o para que les cuiden a los niños. También los obligan a parquearse en cualquier lugar por comodidad, o por no pagar un parqueadero. Pero también hay que cambiar la cultura de los escoltas, que de pronto actúan de manera agresiva sin necesidad...
¿Cuántas solicitudes reciben actualmente?
Al mes son cerca de mil estudios, entre solicitudes nuevas y las que hay que revaluar. Y hay que decir que a veces las personas que más exigen medidas se seguridad son las que menos riesgo tienen.
Este anuncio va a levantar ampolla. ¿Está preparado?
Ese es el mandato que tengo del presidente Santos y no vamos a ceder a presión alguna. Aquí hizo carrera que tener escolta es un privilegio y símbolo de estatus. Y hay demasiada gente que usa los escoltas para llevar los niños al colegio. De ahora en adelante, lo único que contará es el nivel de riesgo, y punto.
Los escoltas y sus abusos
Diariamente llegan entre 30 y 40 quejas a la unidad
¿Hay esquemas ilógicos?
Las medidas son idóneas, así que no tiene el mismo sentido que una persona que tiene que trabajar todo el día en la calle tenga un carro blindado como un ministro.
¿Han tomado medidas?
Sí. La unidad de protección ya ha asignado caballos, burros o motores fuera de borda en algunas zonas del país donde ese es el medio de transporte idóneo.
¿Cómo es la campaña para poner en cintura a los escoltas?
La campaña no solo busca sancionar a los escoltas mal parqueados sino a todos aquellos que, abusando de su posición, a veces agreden a la ciudadanía. Queremos abrir los canales de comunicación y contacto a través de contacto@unp.gov.co y en Twitter @villamizar.
'ES PREOCUPANTE QUE LA PROPIA JUSTICIA DIGA QUE AQUÍ NO HAY JUSTICIA'
Por: MARÍA ISABEL RUEDA |
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, explicó que resulta preocupante que se diga que en Colombia no se hace justicia.
Dijo el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, a María Isabel Rueda en entrevista.
¿Cree que es un irrespeto con la rama judicial, como se ha dicho, que el Presidente pida disculpas al Ejército y al expresidente Betancur, por los desafueros del fallo del Tribunal Superior de Bogotá?
Por supuesto que no. El Gobierno, como tiene que ser, ha sido, es y será -y así quedó señalado en el comunicado emitido al día siguiente del fallo- respetuoso de las decisiones judiciales. Pero eso no significa que no pueda expresar preocupaciones por algunos aspectos de ese fallo.
¿Lo que hizo el Presidente, entonces, fue expresar una preocupación?
Sí, sobre aspectos concretos en los cuales se hacen unas afirmaciones que desconciertan.
¿Como cuáles?
Como aquella en la que se sostiene que lo que la Constitución tiene instituido como una forma de administrar justicia en relación con los altos funcionarios del Estado, para el Tribunal no es una decisión judicial sino una decisión política.
¿Se refiere a la Comisión de Acusaciones de la Cámara? Pues si el Tribunal no cree en ella, tampoco cree el país. Incluso el Gobierno propone cambiarla por otra figura, en el proyecto de reforma de la justicia...
El Gobierno comparte los cuestionamientos que se han venido haciendo con respecto a la eficacia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y por ende con la propuesta que aparece contenida en el proyecto. Pero eso no quiere decir que las actuaciones que ha tenido hasta ahora dicha comisión no deban respetarse y ser tenidas como lo que son, por mandato constitucional.
¿No es un poco raro que sea la propia justicia colombiana, a través de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, la que llame a la Corte Penal Internacional para que imparta justicia en el país?
Exactamente, y eso resulta preocupante. Que se diga que aquí no se hace justicia. El Gobierno tiene, y supone que los colombianos deben tener, como corresponde a un Estado de derecho, plena confianza en sus instancias judiciales.
¿De ninguna manera cabe pedirle a la Corte Penal Internacional que enjuicie al expresidente Betancur?
Sería necesario que en el país de quien va a ser juzgado simplemente no exista un sistema de administración de justicia que vaya a cumplir con sus funciones. Y dos, que, en forma perfectamente contradictoria con las reglas de ese Estado de Derecho, no se haya hecho justicia, que haya habido un caso de denegación o de omisión absoluta de la administración de justicia.
¿No haber 'enjuiciado' al expresidente en un proceso como tal puede ser considerado una denegación de justicia?
De acuerdo con lo que señalan la Constitución y la ley de Colombia, las decisiones que aquí se tomaron, por ejemplo en el sentido de ordenar el archivo de un expediente después de haber hecho las indagaciones preliminares y verificados los elementos de juicio que correspondan, es una decisión de naturaleza judicial que ha tomado la justicia, tanto si uno está de acuerdo como si no, y tanto si le gusta como si no le gusta.
¿El Ejército tiene que ir a pedir perdón a la Plaza de Bolívar, o puede esperar a que resuelvan en casación ese fallo ante la Corte Suprema de Justicia?
En el comunicado del Gobierno Nacional expresamos con toda claridad que estamos pendientes de que se resuelva en su momento el recurso de casación que se anunció en contra del fallo del Tribunal.
El nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Bustos, ha salido a decir que usted ha resultado tan mal intermediario con las altas cortes, que siquiera no lo eligieron Fiscal. ¿Algún comentario?
No hago comentarios sobre ese particular. Esa es una apreciación de carácter personal, respetable como cualquier otra.
Pero dice algo aún más grave: que bajo el gobierno anterior se dedicaron a perseguir y desprestigiar a la Corte, y que bajo este la van a desmembrar a través de la reforma de la justicia...
De ninguna manera. Nunca ha sido propósito del proyecto de reforma ni desmantelar un organismo constitucional que esté cumpliendo con sus funciones, ni poner en práctica revanchismo de ninguna naturaleza o una expresión de mala voluntad contra alguien. En absoluto. En el caso concreto de funciones como las que cumple la Corte Suprema de Justicia, la posición del Gobierno siempre ha sido que la última palabra de las decisiones de carácter judicial respecto de los congresistas la tenga la corte. De lo que se trata es de incorporar postulados fundamentales como la separación entre la investigación y el juzgamiento, y la doble instancia.
Creo que lo que más tiene mortificada a la Corte es que la reforma reemplace a la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara por una entidad seria que sí vigile a sus magistrados. ¿Tienen razón en estar preocupados?
En un Estado de derecho no puede haber órgano del Estado que no esté sometido a algún tipo de control. El que hay hoy es inoperante porque quedó mal diseñado. Se resumen en un solo órgano poderes y funciones distintos: el de control político, el penal y el disciplinario. En un organismo que, además, ni siquiera está conformado por abogados.
Sorpresivamente, estamos descubriendo que los altos magistrados de nuestra justicia son los únicos colombianos que no cumplen con un acto legislativo que dice que ningún colombiano se puede jubilar con más de 25 salarios mínimos como pensión. Salvo ellos...
Ahí hay que aplicar el principio de igualdad. Que el régimen de pensión de los magistrados sea igual al de los demás altos funcionarios del Estado.
¿Qué opinión le merecen las denuncias de la Contralora, que salió tigresa, sobre el 'carrusel de las pensiones' en el Consejo Superior de la Judicatura?
Confirman oficialmente unos rumores después de unas investigaciones profesionales y juiciosas, que son altísimamente preocupantes, mortificantes para el resto de los colombianos. En un sistema como el nuestro eso no puede ser, y menos en una alta corte. Que se dé ese ejemplo es muy poco edificante.
¿Por qué no aprovechar ese escándalo para acabar de una vez por todas con todo el Consejo de la Judicatura, y no solo con la mitad, como va propuesto en la reforma?
La propuesta inicial del Gobierno apuntaba a eso. Ha habido, entre otras cosas, algunas discusiones sobre quién podría ejercer los poderes disciplinarios sobre los jueces, que hoy son competencia de la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Lo he dicho y lo seguiré diciendo: el Consejo Superior de la Judicatura ha sido muy inferior a las expectativas que se tenían cuando se creó. A lo que tenía en la cabeza Álvaro Gómez cuando propuso esa figura.
La justicia se la pasa pidiendo más plata para mejorar su eficiencia. Pero, según la Contralora, el 70 por ciento del presupuesto de inversión de la justicia no se ha ejecutado...
Eso confirma lo que también está consignado en el proyecto de reforma presentado por el Gobierno: que los jueces y los abogados en general somos malos gerentes. Quien tiene estructura de juez, esquema mental de juez, experiencia de juez, difícilmente puede, de la noche a la mañana, pasar a ser un magnífico gerente, que es lo que ha pasado con la Sala Administrativa de la Judicatura. Menos cuando se hace en el marco de un tribunal con estructura de tal. Eso tiene que manejarse con criterio y mecanismos gerenciales. Y por eso se propone lo que se está proponiendo: el reemplazo de la Sala Administrativa por una Sala de Gobierno, que será simplemente una gran junta directiva que trace políticas y tire línea sobre lo básico. Pero la ejecución debe hacerla un gerente, el de la rama, y no un tribunal.
Me dicen en el Congreso que hay un 'lobby' muy fuerte para que la ampliación del período de los magistrados incluya a los actuales...
En el proyecto del Gobierno se planteaba integralmente una reforma del período de los magistrados, de los requisitos para llegar a la magistratura, de la edad y el tiempo para permanecer, como un todo. El propósito es conseguir que se entienda, como debe ser, que la magistratura es la cima, la coronación de la carrera de un abogado, de un juez cuando llegó a la cúspide. Y que de ahí en adelante, en lo posible, no debería dedicarse a otras cosas distintas. Impresiona un poquito ver a un magistrado saliendo de una corporación con las sentencias debajo del brazo a hacer campaña política. Y acaso conviene revisar su regreso al ejercicio profesional en el campo en el que fue juez. Por supuesto, el actual sistema lo fuerza a eso, sobre todo si tiene que vivir de hacerlo y si está en edad de hacerlo. La idea es que ya no se vea forzado a hacerlo.
Otra cosa espinosa es la idea de quitarles a las cortes unas funciones políticas. ¿La propuesta del Gobierno es que sigan cumpliendo su papel en la elección de Fiscal y Registrador, pero que no intervengan en la de Contralor y Procurador?
Estoy de acuerdo con la propuesta del Gobierno. El país ha visto con malos ojos lo que ha ocurrido en materia de politización de las altas cortes a la hora de ejercer esas funciones. Debemos buscar que se vuelva a los tiempos en los cuales las altas cortes eran una urna de cristal absolutamente inmune a las influencias mundanas de la política cotidiana, electoral, clientelista y cosas de esa naturaleza, que en el fondo han afectado a las altas cortes, como ha quedado claro en estos 20 años.
¿Pisar estos callos, sumado a las críticas despertadas por los comentarios del presidente Santos en relación con el fallo del Tribunal de Bogotá, significa que se acabó la luna de miel con la justicia?
Digamos que son momentáneas diferencias de posición o de criterio que pueden surgir en un momento dado y que son propias de las relaciones matrimoniales, ya que me habla de luna de miel.
EL EXPRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ES AMIGO CERCANO DEL ITALIANO.
La sorpresiva detención del narcoempresario Giorgio Sale, el viernes en el búnker de la Fiscalía, de Bogotá, frenó el archivo de la investigación contra el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar Araújo, amigo cercano del italiano.
Aunque la Comisión de Acusaciones de la Cámara ya tenía listo el auto que ordenaba el cese de la investigación y este debía ser votado en la próxima sala, la aparición del narco en Colombia obliga a que sea interrogado de inmediato dentro de este proceso.
De hecho, a finales del año pasado los investigadores del caso, los representantes Héctor Vergara, Augusto Posada y Heriberto Escobar, ordenaron realizar esta diligencia en Italia, pero no fue posible ya que el italiano había quedado en libertad luego de cumplir la mayoría de su condena por narcotráfico.
La cercanía entre Escobar y el narcoempresario se destapó luego de la aparición un audio en el que la esposa del magistrado agradece a Sale varios regalos para la familia, entre ellos, unos botines para el entonces presidente de la Judicatura. También hay un video en el que están juntos en el aeropuerto Eldorado.
También hay expectativa por lo que Sale pueda decirle a la justicia, porque en la Comisión reposa archivado otro caso contra los magistrados Yesid Ramírez y Carlos Salomón Náder, por la supuesta financiación de viajes y agasajos, que podría ser reabierto.
Hoy declara por lavado
El italiano llegó en total sigilo a Cali el pasado 9 de diciembre, en un vuelo procedente de Panamá. La justicia colombiana lo requiere por lavado de activos, caso en el que será escuchado hoy en indagatoria. Y el jueves, a más tardar, la Fiscalía deberá resolver si lo mantiene o no detenido.
En el expediente contra Sale, conocido por EL TIEMPO, reposan interceptaciones telefónicas entre el narcoempresario y su hijo Estéfano, en las que hablan de 'mulas' (personas que transportan droga) que fueron capturadas en el aeropuerto Eldorado.
El fiscal cuarto de la Unidad de Lavado de Activos también interrogará al empresario por un viaje que realizaron sus hijos a España, en julio del 2004. En este, llevaron 100.000 euros en efectivo, supuestamente para comprar vehículos de alto cilindraje, pero ni hicieron el negocio ni se sabe qué hicieron con el dinero. También se cuestionan incrementos patrimoniales injustificados en sus empresas.
PALACIO DE JUSTICIA, UNA HERIDA QUE SIGUE ABIERTA 26 AÑOS DESPUÉS
Luis Alfonso Plazas Vega, el coronel que ha sido condenado en primera y segunda instancias como responsable de desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia, es poco menos que una leyenda en los cuarteles de Colombia.
Su historia la aprenden los nuevos oficiales del país como el caso más evidente de la supuesta 'guerra jurídica' contra la Fuerza Pública. Pero hay dos sentencias, cada una de centenares de páginas, que dicen que el comandante del operativo que recuperó la sede asaltada por el M-19 jugó también un papel clave en los excesos cometidos durante y después del operativo, entre los que figuran, además de las desaparicions, asesinatos fuera de combate y torturas.
¿Héroe de la Patria y 'defensor de la democracia' (la frase que pronunció y que lo hizo famoso en noviembre de 1985) o culpable de delitos de lesa humanidad? En la figura de este hombre alto y desgarbado que no rehúye las polémicas se sigue centrando, 26 años y tres meses después del holocausto, un debate que está lejos de saldarse.
¿Por qué mientras guerrilleros y paramilitares recibieron o perdón total o penas mínimas por sus crímenes, generales y coroneles del Ejército se exponen a pasar el resto de sus días en la cárcel por el caso del Palacio?
Generales retirados como Álvaro Valencia Tovar y Harold Bedoya plantean una salida radical: "La Justicia Penal Militar ya los absolvió y lo que se debe es respetar esa decisión y cerrar esos casos, para evitar que sigan abiertas las heridas que tienen en agonía a todo un Ejército", dice Bedoya. Valencia, por su lado, plantea "soluciones drásticas, como el cierre de todas las investigaciones" contra los militares del caso. "A esto hay que ponerle punto final, para evitar que se siga llevando por el camino de la humillación al Ejército", sostiene Valencia Tovar.
Pero una salida semejante, si bien tiene partidarios incluso entre los antiguos jefes del M-19 (ver nota anexa), no es menos problemática. "Una ley de perdón y olvido no sería posible a estas alturas, porque esa discusión debió darse en la época de los hechos -dice Andrés Molano, internacionalista de la Universidad del Rosario- (...) El caso Palacio de Justicia deja el mensaje de que la paz es muy complicada, y que una paz que no esté bien hecha se puede convertir en una fuente de tensiones, incluso 20 años después".
En el llamado 'Marco Jurídico para la Paz', impulsado por senador Roy Barreras, se incluyó fugazmente un artículo que daba beneficios similares a los de Justicia y Paz a los militares procesados, a cambio de verdad y reparación. Pero el Gobierno prefirió retirar ese tema y, señalan fuentes consultadas por este diario, no se prevé ningún tipo de iniciativa en esa vía, al menos mientras no haya terminado el conflicto.
El ex magistrado Jorge Aníbal Gómez, uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad creada por la Corte Suprema para el caso del Palacio, recuerda las principales conclusiones de su informe: "El primer responsable del holocausto fue el M-19. Pero hubo exceso de fuerza del Ejército y ausencia del Gobierno en las decisiones militares de la retoma".
La Comisión y todas las instancias judiciales que han investigado el caso hablan incluso de un 'golpe de Estado' temporal contra el presidente Belisario Betancur. El ex magistrado Gómez no se opone a una iniciativa que permita la reconciliación, pero no sobre la base del silencio. "Un hecho como el del Palacio de Justicia no puede volver a ocurrir en Colombia -dice-. Ese pacto debe traducirse en decisiones concertadas, llámense ley de punto final, indulto o algún tipo de pena alternativa. Pero sobre la base de la plena verdad y de que todas las partes acepten su responsabilidad".
La durísima reacción generada por la orden del Tribunal Superior para que el Ejército pida públicamente perdón "por los crímenes cometidos" en noviembre de 1985 es un buen indicador de qué tan lejos están los militares de admitir que cometieron alguna falta en la retoma.
"No pedimos ninguna ley de punto final, porque el Ejército no cometió ninguna falta, solo cumplió con su deber de restablecer el orden y la ley", dice el general Valencia.
En el expediente se demostró al menos una desaparición forzada: la de la guerrillera Irma Franco. Ella salió viva del Palacio, fue detenida por militares y hasta hoy su rastro sigue perdido.
La suerte de once personas que sobrevivieron a los combates y al incendio es otra herida abierta. Por eso, René Guarín hermano de una de las víctimas, Cristina Guarín, plantea su propia fórmula: que el Gobierno impulse un proyecto que les dé beneficios penales a los militares que ayuden a encontrar los restos de los que desaparecieron hace más de un cuarto de siglo.
El fantasma de la Corte Penal
El Tribunal pide a la Corte Penal Internacional que investigue al Belisario Betancur, lo que para expertos no es probable ya que en Colombia sí ha habido acción de la justicia y se trata de hechos de 12 años antes de que naciera la Corte. La CPI, en cambio, sería un obstáculo para una eventual ley de punto final sin condiciones.
'ES NECESARIO ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN'
Por Antonio Navarro Wolf
Ex comandante del M-19 y actual secretario de Gobierno de Bogotá
Ningún tema se ha repetido tantas veces en los últimas tres décadas como el de la toma y la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Con la confirmación de la condena del coronel Plazas Vega esta semana, está de nuevo sobre el tapete.
A la actual situación se llegó por una decisión del gobierno en 1989, cuando en vez de una amnistía general y sin condiciones para todos los actores del conflicto entre el M-19 y el Estado que operaba automáticamente, se optó, apartándose de nuestra opinión, por un indulto que debía ser individualmente solicitado. El argumento es que eso se había hecho ya en 1982 y no era conveniente repetirlo.
Los miembros del M-19 pedimos el indulto mientras el mando militar de la época decidió que el Ejército no debía solicitar algo de esa naturaleza, como me lo confirmó el año pasado el general Freddy Padilla de León. De esa manera, cesaron los procesos penales contra los miembros de la guerrilla mientras continuaron contra los de la Fuerza Pública con las consecuencias que hoy vivimos.
Es necesario encontrar una solución 26 años después, cuando no existe el consenso nacional que primaba en la época ni la situación jurídica interna e internacional es semejante. Tarea por supuesto muy difícil, pero ¿será imposible? Espero que no.
INJUSTA JUSTICIA
Por: Mauricio Vargas
El fallo sobre Plazas es el último eslabón de una cadena de equivocaciones que premia a los guerrilleros y castiga a los militares.
La duda favorece a Piedad Córdoba, pero condena a Plazas.
Hace bien el presidente Juan Manuel Santos en renegar de su promesa de inicios de mandato -durante la engañosa luna de miel con las altas cortes- cuando aseguró que nunca criticaría un fallo judicial, y proceder ahora a cuestionar el del Tribunal Superior de Bogotá que condena a 30 años de prisión al coronel Alfonso Plazas Vega por su actuación en la toma del Palacio de Justicia. Fallo que, además, demanda que el presidente de entonces, Belisario Betancur, sea juzgado pr la Corte Penal Internacional, y ordena al Ejército pedir perdón por los hechos.
Aunque los magistrados se molesten, todos los colombianos, incluido el Primer Mandatario, tenemos derecho a opinar sobre las decisiones de los tribunales. Otra cosa es que estemos obligados a acatarlas. Santos registra la misma molestia que millones de colombianos frente a la evolución de los procesos judiciales sobre las horas de terror vividas entre el 5 y el 6 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia.
Para las nuevas generaciones -y para los olvidadizos-, recordemos los hechos. Decenas de guerrilleros del M-19 se tomaron a sangre y fuego el Palacio, asesinaron a guardias y custodios, tomaron como rehenes a magistrados de las altas cortes, quemaron expedientes para ayudar a grandes capos de la mafia, y pusieron al país al borde del colapso absoluto. Pretendían hacerse fuertes, negociar un alto el fuego en el edificio y obligar al presidente Belisario Betancur, que tanto se excedió en generosidad e ingenuidad en su fallido proceso de paz, a hacerse presente para ser juzgado por los guerrilleros.
La reacción de los militares no se hizo esperar. Sin preparación alguna en este tipo de operaciones, pasaron una veintena de horas tratando de recuperar el edificio, algo que sólo lograron con su virtual destrucción y la muerte de decenas de empleados y magistrados, muchos de ellos asesinados a sangre fría por los asaltantes. Aunque es verdad que los militares salvaron la vida de muchos, también lo es que, en la paranoia antisubversiva de entonces, cometieron excesos y, sin duda, barbaridades, al detener a algunos de ellos, llevarlos sin orden judicial a instalaciones militares y, según testimonios, torturarlos y desaparecerlos.
De eso último ha sido acusado el entonces coronel Plazas, convertido en leyenda al responder en esas horas a un periodista que le preguntaba qué estaba haciendo: "Defendiendo la democracia", dijo sin titubeos. Ese protagonismo le granjeó odios que hoy le pasan la cuenta. Lo menos que se puede decir del fallo que lo condenó es que está lleno de vacíos y contradicciones, como lo demostró ayer en su columna de este diario mi colega María Isabel Rueda.
El quid del asunto es que millones de colombianos se niegan a entender que mientras algunos de los líderes del grupo asaltante hoy gobiernan a Bogotá por el favor de la misma democracia que Plazas decía defender, el militar retirado vaya a pasar el resto de sus días en prisión. En conclusión, lo que a muchos indigna es que la sociedad aplique el máximo castigo a los militares que defendieron a las instituciones (imperfectas, pero en todo caso más legítimas que los terroristas), mientras perdonó y ahora premia con honores democráticos a los líderes del grupo terrorista asaltante.
En eso, el fallo de la justicia contra Plazas es, en esencia, injusto. Y perfila una constante: durísimas -y merecidas- condenas a los políticos aliados con los paramilitares, y la vista gorda de la Corte Suprema frente a los políticos dedicados a hacerles mandados a las Farc, a esas mismas Farc que siguen matando civiles. La duda favorece a Piedad Córdoba, pero condena a Plazas. Y la reacción de Santos, que tanto molestó a las cortes, recoge esa honda indignación de millones de colombianos.
EL ESPECTADOR
"EL CORONEL PLAZAS VEGA NO FUE EL RESPONSABLE DE LAS DESAPARICIONES": PROCURADOR
Consideró que no existen pruebas ni documentales ni testimoniales para condenar al excomandante de la Escuela de Caballería.
Si a mí me dicen que murieron guerrilleros, eso es cierto' así el coronel Plazas Vega libró su responsabilidad en la desaparición de personas en el Palacio de Justicia.
Como un “chivo expiatorio” calificó el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega dentro de los procesos que se adelantan por los desaparecidos del Palacio de Justicia, ocurrido el seis y siete de noviembre de 1985.
Según el jefe del Ministerio Público, los desaparecidos sí existen, sin embargo no hay pruebas que relacionen al excomandante de la Escuela de Caballería con dichas acciones, hecho por el cual reiteró la intención de la Procuraduría de presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia ante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ratificar la condena en contra del militar a 30 años de prisión.
“La Procuraduría General ha venido interviniendo en estos procesos, no hay pruebas ni documentos que responsabilicen a Plazas Vega. Las victimas necesitan conocer la verdad, sí hubo desaparecido pero el responsable no es Plazas Vega”, precisó Ordóñez Maldonado en entrevista en la F.M.
Y es que para el Procurador General, es necesario que determinar quién o quiénes fueron los responsables de la desaparición de 11 personas, sin embargo fue enfático en aclarar que ni el coronel Plazas ni el excomandante de la Brigada XIII general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años por estos hechos, participaron ni fueron los determinadores en estas acciones.
“Aquí hay una guerra jurídica, en contra del Ejército el cual está viendo afectada la institucionalidad”, precisó el jefe del Ministerio Público en la entrevista radial cuestionando seriamente los argumentos presentados por el Tribunal Superior sobre una solicitud de perdón público por parte de las Fuerzas Militares a los familiares de las víctimas y a todos el país por los hechos ocurridos hace más de 26 años.
Ante la sentencia proferida el pasado lunes, fue enfático en aseverar que existe una irregularidad frente a la ratificación de la condena, pues en el primer fallo en contra del coronel Plazas emitido en junio de 2010 se le condena por “nueve desaparecidos” y “en la segunda por siete”, manifestando así su inconformismo con lo alto de la pena establecida.
“Aquí (en el fallo) la institucional castrense puede parecer como un enemigo de la sociedad. Es una pena desproporcionada, en la primera sentencia se le condena por la desaparición de nueve personas, y en la segunda se dice que son siete”, precisó Ordóñez Maldonado.
Explicó además que dentro de esa “guerra jurídica” existen otros casos como el del general Jaime Humberto Uscategui, condenado por la masacre de Mapiripán, así como los militares investigados y procesados por la masacre de Santo Domingo.
EL CORONEL CONDENADO NO ACTUÓ A TÍTULO PERSONAL"
Jorge Rodríguez Cárdenas, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, explica los alcances del fallo que ratificó la condena a Alfonso Plazas Vega por el Palacio de Justicia.
El presidente de la Sala Penal del Tribunal en donde se ratificó la condena a 30 años de cárcel para Alfonso Plazas Vega por la desaparición de dos personas del Palacio de Justicia, explica el alcance de la sentencia que levantó inquietantes reacciones políticas, incluso del presidente de la República y los estamentos militaristas. El magistrado reitera que los jueces harán lo que tengan que hacer.
Cecilia Orozco Tascón.- ¿Bajo cuáles consideraciones, en la sentencia de ratificación de la condena a 30 años de cárcel al coronel Plazas, se ordena a las Fuerzas Militares que pidan públicamente perdón a las víctimas y a la comunidad?
Magistrado Jorge Rodríguez Cárdenas.- La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia de Colombia les dan un valor especial a los derechos de las víctimas en los delitos de lesa humanidad. Y han concluido que las reparaciones simbólicas tienen un alto valor en busca de la reconciliación, sobre todo en una sociedad que ha padecido una violencia tan desgarradora como la colombiana. El coronel condenado no actuó a título personal y eso compromete a la entidad a la que él pertenecía en el deber de satisfacerles ese derecho a las víctimas.
C.O.T.- En consecuencia, ¿las reacciones contrarias a esa petición de perdón no tienen sentido de lo jurídico, sino sólo de lo político?
J.R.C.- Los jueces nos pronunciamos frente a los problemas jurídicos planteados dentro de un proceso. Y las reacciones que generen las sentencias no son puntos de discusión que nos competan.
C.O.T.- Tal vez la parte más polémica de la sentencia es la que “exhorta” al fiscal de la Corte Penal Internacional a investigar al presidente de la República del año 85, Belisario Betancur. ¿Era necesario hacer esa exhortación?
J.R.C.- Esa decisión debe ser entendida desde la perspectiva de las víctimas y sus derechos que no fueron respetados en las dos investigaciones que realizó la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Representantes.
C.O.T.- ¿Esa solicitud significa que la Sala que condenó a Plazas cree que en Colombia no hay forma de que haya un juicio imparcial para el expresidente?
J.R.C.- Significa que la Sala tiene claro que los derechos de las víctimas son prevalentes.
C.O.T.- Connotados juristas han dicho que esa solicitud es improcedente porque el acatamiento de Colombia a la CPI es posterior a la toma. ¿Qué responde a ese reparo?
J.R.C.- El único que puede decir si la solicitud es improcedente es el fiscal ante la CPI. Lo demás constituye opiniones e interpretaciones respetables, pero siguen siendo opiniones. Agréguele que los derechos de las víctimas y los delitos de lesa humanidad que no son objeto de investigaciones integrales en el ámbito nacional son de interés para la justicia internacional.
C.O.T.- El presidente en ejercicio rechazó la sentencia y los términos de la misma, en particular en lo referente a la petición de perdón por parte de los militares y a la solicitud de investigación al exmandatario por la CPI. ¿Qué reacción le suscita esa actitud del jefe de Estado?
J.R.C.- Los jueces de la República respetamos la división de poderes que determinó la Constitución. En esa medida administramos y seguiremos administrando justicia.
C.O.T.- ¿Quiere decir que sin importar lo que diga el presidente ustedes seguirán fallando lo que consideren justo?
J.R.C.- Los jueces procedemos de la manera como lo indica el ordenamiento jurídico.
C.O.T.- ¿Lo sorprende la respuesta presidencial?
J.R.C.- Repito que los jueces respetamos la división de poderes que determinó la Constitución y no hacemos cálculos sobre los efectos políticos de nuestras decisiones.
C.O.T.- Hace 20 años hubo una reacción política similar a la ocurrida ahora cuando el procurador general de entonces, Alfonso Gómez Méndez, intentó procesar al general Arias Cabrales. ¿Cree que el país no resiste todavía la verdad sobre lo que pasó durante la retoma del Palacio?
J.R.C.- De acuerdo con los tratados internacionales y los derechos de las víctimas, es necesario que se sepa dónde están los desaparecidos, y la justicia tiene una enorme tarea en dicho sentido. El Estado no puede evadir dicha responsabilidad.
C.O.T.- Siendo que el Ejército estaba representando al Estado y que la guerrilla que generó esa situación, el M-19, se encuentra hoy en puestos de elección popular, ¿no será cierto que hay desequilibrio judicial?
J.R.C.- Dar respuesta a la pregunta anterior comporta un juicio político y ese es un campo en el que no entramos los jueces.
C.O.T.- Se ha dicho que la acción penal por el delito de desaparición forzada prescribió en cuanto al coronel Plazas, puesto que se habría ejecutado en 1985. ¿Por qué se le confirmó la condena?
J.R.C.- En ese delito la ejecución de la conducta se inicia cuando se desaparece a una persona contra su voluntad y cesa cuando dicha persona aparece viva o se encuentra su cadáver. Como ocurre con el secuestro: quien es secuestrado permanece en dicho estado hasta tanto sea liberado. Pero, adicionalmente, y según jurisprudencia unánime, emanada de tribunales internacionales, así como de las cortes Constitucional y Suprema, la facultad estatal para investigar y juzgar delitos de lesa humanidad —como lo es la desaparición forzada— no prescribe. Por el contrario, es obligación del Estado investigar hasta que se sepa la verdad. Por lo dicho, la desaparición forzada es un delito permanente. En este caso esa conducta comenzó el 7 de noviembre de 1985 y hasta hoy no ha cesado su ejecución.
C.O.T.- Se ha dicho también que la pena que se le impuso no corresponde a la que se estipulaba en la época en que se cometió. ¿Por qué no se acogió ese argumento?
J.R.C.- La regla general en materia de pena imponible a un condenado indica que ella será la que esté vigente para la época de ocurrencia del delito. Como hoy (todavía) está ocurriendo el delito de desaparición forzada, la pena aplicable es la que rige en la fecha actual. Así lo dice la Corte Suprema en diversas providencias suyas.
C.O.T.- Otro argumento a favor del coronel es que los delitos de lesa humanidad no estaban tipificados como tales en 1985. ¿Se les fue la mano a quienes confirmaron la sentencia de la jueza?
J.R.C.- Para la fecha de los hechos existía la figura del secuestro, tipo penal que tiene muchas similitudes con la desaparición forzada. La privación de la libertad de Irma Franco (guerrillera, desaparecida) y Carlos Rodríguez (administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, desaparecido) se produjo en 1985, pero como a partir de 2000 se consagró el delito de desaparición forzada, la conducta se debe adecuar a dicha figura delictiva. Eso es lo que ha dicho la Corte Suprema. Y el Tribunal sigue dicha línea interpretativa.
C.O.T.- Después de tanto tiempo de ocurridos los hechos los defensores de Plazas preguntaban si se podían encontrar evidencias ciertas que no hubieran sido desfiguradas por el tiempo. ¿En qué se basó la Sala que lo condenó?
J.R.C.- La sentencia de condena se fundamenta en que el procesado formaba parte de una estructura de poder organizada que se encargó de ejecutar dichos crímenes y referencia muchas pruebas que así lo indican, como todas aquellas que demuestran que Irma Franco y Carlos Rodríguez salieron con vida del Palacio de Justicia y luego fueron trasladados a unidades militares, momento a partir del cual desaparecieron. Así lo indican varios testigos, algunos de los cuales también dijeron que Plazas Vega daba órdenes en la Casa del Florero e interrogó a rehenes.
C.O.T.- Uno de los testigos principales del proceso contra el coronel (el antiguo miembro del Ejército Édgar Villamizar) aseguró recientemente en la Procuraduría que él nunca declaró. Es decir, que había sido suplantado. ¿Los magistrados que confirmaron la condena tuvieron en cuenta esa declaración?
J.R.C.- Esa prueba y la suerte de Carlos Rodríguez fue lo que llevó a que no existiera unanimidad en la decisión. La declaración rendida dentro del proceso por Édgar Villamizar Espinel, fue objeto de análisis y se concluyó que la misma resultaba creíble para la sala mayoritaria. La declaración que según se dice rindió ante la Procuraduría no forma parte del proceso y por ello no podía ser objeto de valoración.
C.O.T.- ¿Por qué se confirma la condena de 30 años si en la primera instancia el coronel fue encontrado culpable de la desaparición de 11 personas y en la de segunda de 2?
J.R.C.- El Tribunal estudió detenidamente la prueba que permitió al juzgado declarar la existencia de 11 desaparecidos y concluyó por unanimidad que la evidencia aportada al proceso llevaba a que había un desaparecido (Irma Franco) y, por mayoría, a que existía otro (Carlos Rodríguez). Como la juez impuso penas mínimas por el delito de desaparición forzada de 11 personas, aplicando las reglas del concurso de delitos y tratándose de dos delitos de desaparición forzada, se estableció la misma pena, que en todo caso sigue estando en los mínimos autorizados para dicha infracción punible. Por eso, la Sala no podía imponer una menor.
C.O.T.- ¿La condena del coronel Plazas supone también una condena al Ejército o al grupo de oficiales que dirigió el operativo por la forma como se ejecutó la retoma del Palacio?
J.R.C.- No. La responsabilidad penal es personal e intransmisible.
C.O.T.- Pero la sentencia habla de un “aparato de poder” para significar que no fue un solo individuo el que produjo las desapariciones forzadas, sino un cuerpo organizado. Y hablan también de un propósito común: el exterminio físico de los contrarios.
J.R.C.- Que se hable de un aparato organizado de poder y de un propósito común no significa que se estén emitiendo juicios de responsabilidad penal sobre otras personas.
C.O.T.- ¿Por qué la sentencia cuando habla del “aparato organizado de poder” recuerda las sentencias de la Corte Suprema contra los parapolíticos Jorge Noguera, Salvador Arana y Álvaro García Romero?
J.R.C.- Porque ellas constituyen precedentes jurisprudenciales para la solución de uno de los problemas jurídicos planteados en este proceso, que se relaciona con la teoría de la autoría y participación en el delito.
C.O.T.- En la sentencia contra el coronel también se menciona como coautor del delito de desaparición forzada al general Jesús Armando Arias Cabrales. Como el proceso de éste se encuentra en revisión en la misma Sala del caso Plazas, ¿se declararán impedidos los tres magistrados de seguir conociendo el tema Arias?
J.R.C.- Los tres magistrados a los que usted se refiere ya declararon sus impedimentos respecto del proceso del general Arias Cabrales. El estudio de dichos impedimentos pasó a conocimiento del magistrado Luis Fernando Ramírez Contreras. Él resolverá si se les acepta o no.
C.O.T.- Resuma los puntos en que no está de acuerdo el magistrado disidente, Hermens Darío Lara, con sus dos colegas de Sala: Fernando Pareja y Alberto Poveda, y aquellos en los que sí lo está.
J.R.C.- La Sala, unánimemente, está de acuerdo con la inexistencia de prueba sobre la desaparición forzada de 9 personas; también en el decreto de la nulidad y la necesidad de seguir investigando lo que pasó con esas personas, y en el acápite de “otras determinaciones” en lo que no tenga relación con la condena. En desacuerdo con la declaratoria y el tipo de responsabilidad, y en cuanto a que Carlos Rodríguez no está desaparecido forzadamente.
“aparato criminal de poder”
El abogado Jorge del Carmen Rodríguez es el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de la que también hacen parte los magistrados que ratificaron el fallo de una jueza que condenó a 30 años de prisión al coronel (r) del Ejército Alfonso Plazas Vega por la desaparición de personas durante la retoma del Palacio de Justicia, asaltado por guerrilleros del M-19 en 1985. En la ponencia del magistrado Hermens Darío Lara, en cuyo despacho se revisó inicialmente el fallo de la jueza, se absolvía al coronel por falta de pruebas.
En la sentencia final se acogió, sin embargo, la tesis de la sala mayoritaria, es decir, la de los magistrados Alberto Poveda y Fernando Pareja (conocido porque fue vicefiscal general). Según estos dos juristas, dentro del proceso está probada la responsabilidad de Plazas en cuanto a la desaparición de una guerrillera y la del administrador de la cafetería del Palacio. Ambos salieron con vida de la edificación, acompañados de militares.
Después, su rastro se perdió para siempre. Del texto de la sentencia también se deduce que hubo un “aparato de poder” estatal que actuó de manera criminal con el fin de recuperar la sede de las cortes, sin atender las obligaciones internacionales del Derecho Humanitario que Colombia se comprometió a cumplir.
Los magistrados y la sentencia
Cecilia Orozco.- La sentencia de confirmación de la condena al coronel Plazas tiene más de 900 páginas. ¿Quién la escribió?
Magistrado Jorge Rodríguez.- De acuerdo con las actas suscritas, los magistrados Hermens Darío Lara, Fernando Pareja y Alberto Poveda analizaron el proceso en más de 50 salas. El magistrado Lara se dedicó a su estudio desde febrero de 2011 y en noviembre y diciembre del año pasado los otros dos trabajaron el tema con él, incluyendo la época de vacaciones. La decisión se elaboró según lo que se iba aprobando en conjunto, porque la cantidad de asuntos objeto del recurso de apelación así lo ameritaban. El texto completo se escribió colectivamente. Y entre los tres magistrados que suscribieron la sentencia existe una gran amistad y respeto mutuo.
REVISTA SEMANA
EX DEL M-19, OBLIGADOS A PEDIR PERDÓN PÚBLICO POR TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA
Los desmovilizados del M-19, así no hayan participado en la toma, deberán pedir perdón a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. Antes de un año deberán hacerlo.
Así lo establece la Ley de Víctimas que incluso fija 12 meses de plazo desde el momento en que el gobierno certifique quiénes fueron cobijados por las leyes de indulto y amnistía de los años 80.
Ha sido grande la controversia que ha generado el fallo del Tribunal Superior de Bogotá en el que ratificó la condena al coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Y no menos, ha generado discusión el hecho de obligar al Ejército, como institución, a pedir público perdón a los familiares de las once personas desaparecidas tras los operativos de retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
Militares en retiro rechazaron la decisión judicial. E incluso el presidente Juan Manuel Santos prefirió pedirle perdón al Ejército tras conocer el fallo. Un sector de la sociedad no oculta su indignación. Así se deja ver en las redes sociales donde se cuestiona que sea el Ejército y no el M-19, el obligado a pedir perdón por el holocausto.
Pero una ley de la República, la ley de víctimas y restitución de tierras (ley 1448 de 2011), obliga a los miembros del M-19 que se desmovilizaron a finales de los años 80 a pedir público perdón a las víctimas por sus acciones subversivas, entre ellas, la toma al Palacio de Justicia.
El artículo 196 de esa ley, establece medidas de satisfacción y reparación simbólicas, a las cuales deben comprometerse los miembros de grupos armados ilegales que se hayan beneficiado de indultos o amnistías.
“Los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley, que en desarrollo de procesos de paz adelantados con el Gobierno Nacional, se hayan beneficiado con las medidas de indulto, amnistía, auto inhibitorio, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento (...) estarán obligados a enaltecer la memoria de sus víctimas a través de la ejecución de las medidas de satisfacción y de reparación simbólica previstas en esta ley”, señala la ley de víctimas .
Esa fue una decisión que adoptó el Congreso colombiano al incluir este artículo. Que no establece compromisos con estos desmovilizados, pero que a la vez los blinda de cualquier controversia que busque obligarlos a responder judicialmente.
El senador Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), autor de la ley, advierte que no era posible que a esos grupos de desmovilizados, que recibieron la mano generosa del gobierno, se les volviera a juzgar por cuenta de la ley de víctimas. “Lo único que consideró el Congreso fue exigirles medidas de satisfacción”.
Esas medidas de satisfacción son todas las acciones que tiendan a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
Además, aclara el senador Cristo, los desmovilizados del M-19, por ejemplo, tienen que pedir perdón por su sola pertenencia a ese grupo ilegal, así no hayan participado de algunos actos ilegales de la organización.
Eso significa que la ley conmina a todos los ex del M-19 por la toma armada del Palacio. Gustavo Petro, actual alcalde de Bogotá, y Antonio Navarro, secretario de gobierno del Distrito Capital, son dos de los desmovilizados que tendrían que cumplir con este requisito.
Incluso, hasta estos dos actuales funcionarios deberán hacer lo propio por el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, por ejemplo.
¿Y cómo tendrán que hacerlo? El gobierno, a través del Ministerio de Justicia, le presentará un informe al Comité Ejecutivo para la Atención y reparación a las Víctimas (dirigido por el propio presidente de la República), en el que relacione los miembros de las organizaciones ilegales que obtuvieron beneficios penales por parte del Estado.
El ministerio de Justicia tiene, desde el pasado 1 de enero, un plazo de cuatro meses para presentar ese informe. Desde ese momento, el Sistema de reparación a las víctimas, en un término de 12 meses, deberá imponer las medidas de reparación que deben cumplir quienes estén relacionados en ese informe, según explicó el director de justicia transicional del ministerio, Miguel Samper.
Según estos términos, esto significa que el 2012 será el año en que los desmovilizados del Quintín Lame, el M-19, el ERP, pidan perdón a sus víctimas.
Sin embargo, la ley de víctimas también establece que quienes hayan pertenecido a las organizaciones armadas al margen de la ley podrán ir de forma voluntaria al ministerio de Interior o al de Justicia para poner de manifiesto su intención de enaltecer a las víctimas.
Para ello, la ley establece un plazo de tres meses desde su vigencia. Fuentes del gobierno revelaron que, hasta el momento, no se ha acercado ningún desmovilizado a manifestar su voluntad.
Una de las formas que establece la ley de víctimas para que los desmovilizados pidan perdón es mediante la realización de un documental, en el que además de enaltecer y reavivar la memoria de las víctimas, los victimarios hagan público perdón por los hechos cometidos. La realización del documental correrá a cargo del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública, y deberá ser transmitido por el Canal Institucional, los canales regionales y los privados.
Si un fallo judicial obliga al Ejército a pedir perdón por la retoma del palacio de Justicia (aunque falta que se resuelva el recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia), el M-19 está obligado a hacer lo propio por la toma del complejo judicial, gracias a la disposición de una ley de la República: la de reparación a las victimas.
LAS SORPRESAS DEL FALLO
De los 11 desaparecidos de los que se habló durante años, el fallo del Tribunal dice que solo se pueden probar dos, el de Irma Franco, guerrillera del M-19, y el de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería. En ambos se probó que salieron vivos del Palacio.
En el cuarto de siglo que ha trascurrido desde la violenta toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la posterior recuperación por parte del Ejército se han escrito muchas cosas, pero tal vez ninguna como el fallo que acaba de proferir el Tribunal Superior de Bogotá. Los magistrados Fernando Pareja y Álvaro Poveda, así como Hermes Lara, que salvó su voto, hicieron un detallado estudio de las pruebas que están contenidas en 968 folios.
En medio de la tormenta política que se ha producido, el país no se ha dado cuenta de otras significativas revelaciones que trae la sentencia. El Tribunal considera que solo hay pruebas contundentes para condenar al coronel Luis Alfonso Plazas por la desaparición de dos personas, y no de 11 como había sido la base de su primera condena por parte del juzgado tercero de Bogotá. Otro elemento novedoso es que hubo tal despelote en el manejo de los cadáveres y en los exámenes de ADN, que en el proceso judicial no se habían dado cuenta, hasta ahora, de que faltan 30 cadáveres por revisar. A eso se le suman una serie de equívocos, que solo hasta ahora fueron detectados por los magistrados, como el video que sirvió para probar la salida con vida de cuatro desaparecidos, pero que en realidad era un documental en el que se mostraban retratos de ellos; y, no menos grave, es que el fallo dice que es "altamente probable" que los restos que le entregaron a la familia de uno de los magistrados fallecidos no eran los de él sino los de una mujer que, según fuertes indicios, puede ser una de las que figuraba como desaparecida).
Esa especie de autopsia que el Tribunal le hace al material probatorio tiene un efecto contradictorio: de un lado le da mayor solidez a la providencia y de esa manera le quita argumentos a la defensa; pero por otro, con los equívocos que pone al descubierto, deja dudas sobre la rigurosidad con que las instancias judiciales previas han tratado el caso.
El mismo fallo, a pesar de la solidez de sus argumentos, paradójicamente abre un enorme interrogante sobre la suerte que puede correr el caso del coronel Plazas Vega cuando este llegue a casación en la Corte Suprema. (A propósito, ¿habrá alguna inhabilidad para que la Corte asuma este caso, teniendo en cuenta el protagonismo que tuvo en los hechos
La situación es la siguiente: los dos de-saparecidos por los cuales se está condenando al coronel Plazas son Carlos Rodríguez, el administrador de la cafetería del Palacio, e Irma Franco, guerrillera del M-19. Plazas no está acusado de haber sido el autor material de sus desapariciones sino de haber sido parte del "aparato organizado de poder" que los de-sapareció (ver recuadro 'Los argumentos de la condena a Plazas'). Pero la pregunta que surge es si es posible llegar a esta conclusión cuando el mismo fallo reconoce que a ninguno de los restos óseos a los que se les hizo examen de ADN se los comparó con los de la familia de Irma Franco. Y a esto se suma que hay falta de claridad porque quedaron 30 osamentas de muertos en la toma que no han sido analizadas ¿qué podría ocurrir si al hacer el examen de ADN de estos se encuentra que allí están los restos de Irma o de Carlos Rodríguez? ¿El hecho de que no se hubiera practicado esa prueba no da lugar a duda razonable? ¿Existe entonces la posibilidad de una tutela para demandar el caso por fallas en el debido proceso?
A eso se le suma que, en el caso de Rodríguez, el Tribunal aceptó como válido el polémico testimonio de Édgar Villamizar, un soldado que dijo haber participado en los hechos de la época y quien no solo señaló a Plazas de decir "cuelguen a esos hijueputas", sino que le contó a la fiscal del caso, en 2007, cómo habían torturado y asesinado a Carlos Rodríguez en la Escuela de Caballería. La providencia no tuvo en cuenta el hecho de que ese testigo clave posteriormente declaró ante la Procuraduría que había sido suplantado y que ese testimonio no era de él. La explicación para no tenerlo en cuenta es que este testimonio se dio el año pasado y los magistrados no pueden estudiar pruebas distintas a las que obraban en el proceso cuando se dio el juicio. Sin embargo, como Villamizar nunca volvió a aparecer, la verdad definitiva probablemente nunca se sabrá. Otro interrogante que se desprende de haberle dado credibilidad al testimonio de Villamizar es si él fue testigo del asesinato de Rodriguez, ¿cómo puede este ser considerado un desaparecido?
Sin duda el debate en la casación no va a ser fácil. Por lo menos se abriría toda una discusión jurídica sobre si el coronel Plazas fue juzgado sin haber practicado todas las pruebas necesarias. O si se puede tipificar en estos casos el delito de desaparición que, por ser de lesa humanidad, no prescribe; o los de tortura y asesinato, que eventualmente ya habrían prescrito.
En teoría, la desaparición forzada termina cuando la persona aparece viva o muerta. Sin embargo, en un fallo de agosto de 2011 de la Corte Suprema se establece que el hecho de que aparezca "no descarta la existencia de la desaparición".
Pero así como de la providencia se desprende que hay algunos vacíos en cuanto a pruebas, también deja claro que definitivamente se cometieron excesos por parte de la fuerza pública. En el fallo hay ejemplos de cómo mataron a guerrilleros que ya estaban fuera de combate y se demuestra también que los militares trataron de manipular la escena de los hechos. Asimismo confirma que algunas personas, por la sola sospecha de ser guerrilleros, fueron conducidas a instalaciones de inteligencia militar o de policía y fueron objeto de ultrajes.
Pero si de lo que trata este fallo es de probar la responsabilidad de Alfonso Plazas Vega en la desaparición de dos personas, a pesar de todo ese contexto en el que no queda bien librada la fuerza pública, lo que sí se espera es que en un caso de tal envergadura como este se le den todas las garantías al acusado y que la culpabilidad pueda ser probada más allá de la duda razonable. Para un sector importante de la opinión pública esto no ha sucedido, por lo menos, en estos dos casos de desaparición. En otras palabras, aunque no es seguro que el coronel Plazas sea inocente, la Corte podría considerar que el acervo probatorio presentado hasta la fecha no es suficientemente contundente como para ratificar la condena.
¿Lo enterraron como magistrado pero es una ‘desaparecida’?
El Tribunal dice que es ‘altamente probable’ que se hayan equivocado en la entrega del cuerpo.
Uno de los hallazgos más llamativos del fallo es que uno de los magistrados que murió en ese infierno en que se convirtió el Palacio de Justicia, Pedro Elías Serrano, hoy puede que no esté enterrado, como cree su familia, sino ‘desaparecido’. Para el Tribunal de Bogotá es “altamente probable” que los restos que entregaron como suyos sean en realidad los de Norma Constanza Esguerra, una de las que aparecía en la lista de los 11 desaparecidos. Lo absurdo del caso es que el protocolo de necropsia que corresponde al cuerpo que se le entregó a la familia de Serrano llega a la conclusión de que se trata de una mujer carbonizada, pues encontró “útero no preñado carbonizado”, y junto al cual se hallaron joyas y pertenencias de Norma Esguerra. ¿Por qué, se pregunta el Tribunal, ninguna autoridad judicial ha atendido la petición de la familia Esguerra de que se haga la exhumación del cadáver del magistrado Pedro Elías Serrano y se verifique con prueba de ADN si es en realidad ese su cadáver?
De error en error con los restos
No se habían dado cuenta de que faltan 30 restos por examen de ADN. A otros, los botaron a la basura.
Si bien durante 25 años se venía hablando de 11 desaparecidos, esta sentencia dice que no hay suficientes pruebas para sustentar la desaparición forzada de nueve de ellos. El hecho de que no haya pruebas no quiere decir que no estén desaparecidos. Incluso, el Tribunal pide que se siga con la investigación.
Pero ahí entra en juego otro dato revelador del fallo y es que, contrario a lo que se pensaba, por un problema de duplicidad en los exámenes de ADN, ahora resulta que a 30 de los restos óseos no se les ha hecho el examen y entre ellos podrían estar los ‘desaparecidos’. El fallo le da un ‘jalón de orejas’ a la Fiscalía y a la juez pues “siempre se negaron a agotar una búsqueda completa”.
El despelote que encontraron los magistrados en la tarea forense es tal que descubrieron que se entregaron restos de un hombre a una familia que buscaba una mujer y viceversa. “No hubo solo un error, hubo varios y de tal calidad que el proceso de identificación realizado y que hasta ahora ha sido tenido no solamente como legal sino como correcto o válido, en verdad no lo fue”, dice el fallo.
El problema comenzó desde el momento mismo del asalto, cuando la fuerza pública bajó los cadáveres al primer piso sin tener en cuenta técnica forense alguna, y se acentuó cuando, dos días después, el comandante de la Policía ordenó enterrar más de 25 N.N. en el Cementerio del Sur (foto) por temor a un supuesto ataque del M-19 a Medicina Legal. Y a ello se suman los testimonios del personal que hizo el aseo después de la toma y que admitió haber echado restos a la basura. “En el tercer piso encontré un pedazo de cráneo con pelo, eso lo botamos”, dijo uno. Otro anotó: “Yo encontré en el segundo piso parte de un cráneo quemado y parte de los dedos, estaban amontonados”. Y un tercero agregó que halló un pedazo de cráneo y un codo, y lo botó.
El video inútil y la cafetería no era
El fallo pone en evidencia equivocaciones absurdas tratándose de un caso judicial de esta envergadura.
En, por lo menos, cuatro de los casos de los 11 desaparecidos (Bernardo Beltrán, Héctor Beltrán, Cristina Guarín y David Suspes) se utilizó como prueba un video en el que sus familiares los habían identificado saliendo del Palacio. Los magistrados buscaron el video y encontraron que en él “no hay imagen de la salida de rehenes hacia la Casa del Florero, sino la exhibición de retratos hechos a partir de fotografías en las que aparecen los rostros de los desaparecidos”. Y por ende sentenciaron: “con esas imágenes no se prueba absolutamente nada”.
En otros dos casos, al Tribunal le tocó aclarar otro equívoco igual de absurdo. Familiares de los desaparecidos habían sostenido que, durante el asalto, supieron que sus allegados estaban bien porque, según ellos, el periodista Juan Gossaín habló con la cafetería del Palacio de Justicia y desde allí habían informado que todos iban a ser evacuados. “Si bien hubo una conversación con la cadena radial, no fue con la cafetería del Palacio de Justicia sino con la cafetería llamada El Palacio, ubicada fuera de la edificación”.
Un tercer equívoco que aclara el fallo tiene que ver con el caso de la desaparecida Lucy Amparo Oviedo. De un lado, su familia la identificó saliendo viva del Palacio en un video en el que aparece una mujer acompañada por un soldado. Y de otro lado, otra rehén, Nubia Stella Hurtado, quien salió efectivamente con vida, se reconoció en la misma imagen, y así también lo hicieron dos personas que la conocían. El Tribunal de Bogotá, a diferencia del juzgado, le dio más credibilidad a Hurtado que a la familia de Oviedo. Su testimonio sin duda era contundente puesto que, incluso antes de que hubiera visto el video, dijo: “Salí a pie y un soldado desde el momentito que salí del baño me cogió del brazo y él me llevó hasta la Casa del Florero”. Al exhibírsele los videos dice: “Sí me reconozco porque soy esa persona, porque corresponde la ropa: los zapatos los reconozco y la cartera y la forma como la llevo, yo me acuerdo que salí así”. ¿Por qué el juzgado no le dio credibilidad a este testimonio?, se preguntan los magistrados.
La de la foto era otra
El Tribunal no entiende porque la juez le dio credibilidad a los familiares de una desaparecida y no a una rehén que salió viva y se identificó en la foto.
En otro de los casos en los que difiere el Tribunal con la juez de primera instancia es en el de la desaparecida Cristina Guarín. Su familia la reconoció en una fotografía en la que salía en hombros de un soldado. Sin embargo, la prueba definitiva, que llevó a los magistrados a decidir que no era Cristina la de la foto, fue la declaración de una de las rehenes que salió con vida, María Nelfi Díaz, quien un mes después de lo ocurrido, en diciembre de 1985, relató que, luego de que el comandante guerrillero Andrés Almarales permitió que las mujeres salieran del baño donde estaban como rehenes, “un soldado me echó a la espalda y me pasó por todo el cuarto piso y salimos por el lado sur que da a la Plaza de Bolívar y nos llevaron a la Casa del Florero”. En el 88 dio más detalles y precisó: “el soldado me cargó porque yo venía sin zapatos y porque el sitio estaba muy caliente, me cargó todo el cuarto piso y me llevó hasta la Casa del Florero”.
Los argumentos de la condena al coronel Plazas Vega
El fallo dice que el coronel “hizo parte de una estructura de poder organizada ilegal” que diseñó y ejecutó un plan que consistía en aniquilar al M-19 a como diera lugar.
El Tribunal condena al coronel Plazas por la desaparición de dos personas (Irma Franco y Carlos Rodríguez) pero no porque él con sus propias manos haya ejecutado el delito o dado la orden. Lo que dice la sentencia es que Plazas hace parte de un “aparato organizado de poder” y que ese aparato desapareció a esas dos personas.
Ese concepto, que puede parecer extraño para la opinión, es del célebre penalista alemán Claus Roxin y está consignado en el Código Penal Colombiano, cuando establece que es también autor de un delito quien utiliza a otro como instrumento para cometerlo. La Corte Suprema lo ha usado en cuatro sentencias, entre ellas la que condenó al exsenador Álvaro García a 60 años por una masacre perpetrada por los paramilitares.
El Tribunal es exhaustivo en demostrar que la recuperación del Palacio respondía a un plan militar, pues a pesar de que el Estado ya estaba advertido de la toma, no hizo nada para prevenirla y, por el contrario, dejó entrar a los del M-19 con el ánimo de aniquilarlos. “Lo que se impartió por el general Arias Cabrales y que fue trasmitido al coronel Plazas fue una instrucción, en cuanto a que no debía haber sobrevivientes en el M-19, de modo que adentro del edificio se cometieron homicidios de quienes ya no estaban en combate, estaban heridos y desarmados” –como el caso del jefe guerrillero Andrés Almarales– “y fuera del edificio contra quienes de ellos pudieron salir, se cometió desaparición forzada”.
Según el fallo, algunos de los que salían eran etiquetados como ‘especiales’ o ‘sospechosos’ y por eso eran llevados al segundo piso de la Casa del Florero y luego a otras guarniciones de Policía o militares para identificarlos o torturarlos.
Uno de los casos más documentados es el de dos estudiantes de la Universidad Externado, Yolanda Santodomingo, que iba a presentar un examen ante un magistrado que era su profesor, y Eduardo Matson, que la estaba acompañando. Los sacaron con las manos en la cabeza (ver foto), los tuvieron en la Casa del Florero y luego los llevaron a una Brigada de Policía. Los soltaron y los dejaron botados a medianoche, según ellos, por influencia de un gobernador tío de uno de ellos. “No es razonable que, en una estructura tan jerarquizada, los inferiores etiquetaran de especiales o sospechosos a ciertos rehenes y no le informaran al coronel Plazas, cuando en realidad esa era la información más sensible de todas”.
El otro elemento de análisis es el papel de Plazas en ese "aparato organizado". Tanto el presidente Belisario Betancur como el ministro de Defensa, Miguel Vega, confirman que fue el coronel Plazas quien lideró la operación el primer día en la Plaza de Bolívar. Incluso, lo reconoció él mismo en su indagatoria: “Durante el primer día mantuve lo que se llama en la vida militar el esfuerzo principal o peso de la operación, nótese que estoy hablando de operaciones, no de inteligencia”. En esa tarea, Plazas Vega se encargó de llevar personas que salían del Palacio a la Casa del Florero. Y así el fallo concluye que “el coronel hizo parte de una estructura de poder organizada ilegal que diseñó y ejecutó la desaparición de Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera”.
¿PARA QUÉ VOLVER AL HOLOCAUSTO?
Por León Valencia
La sentencia tiene la enorme virtud de activar la memoria de los colombianos y abrir el camino para que cosas como estas no sigan ocurriendo.
ambiente era tranquilo. Todo parecía indicar que el Tribunal Superior de Bogotá rechazaría la sentencia que condena al coronel Alfonso Plazas Vega. Circulaban rumores de que el magistrado Hermes Lara presentaría una ponencia negativa y los magistrados Alberto Perdomo y Fernando Pareja la acogerían.
Para sorpresa de quienes han querido echarle tierra a los dolorosos sucesos del Palacio de Justicia, Perdomo y Pareja no solo no aceptaron la absolución de Plazas Vega sino que fueron muy lejos e instaron a la Corte Penal Internacional a considerar un proceso contra el expresidente Belisario Betancur y ordenaron que el Ejército Nacional le pidiera perdón a las víctimas por las acciones delictivas de algunos de sus miembros en este acontecimiento.
La tormenta no se hizo esperar. Desde el presidente Santos para abajo, una nube inmensa de políticos, líderes de opinión y funcionarios públicos, incluido el ministro de Justicia, se lanzaron otra vez contra los jueces. Nada más desafortunado para el país. Nada más contrario al esfuerzo que debe hacer la sociedad colombiana para que estas atrocidades no vuelvan a ocurrir.
Si después del holocausto la dirigencia nacional hubiese tenido el talante moral y la valentía para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la provisión de justicia, quizás se habrían evitado los magnicidios que hirieron el corazón del país a finales de la década de los ochenta. Quizás se habría aminorado o impedido la guerra atroz que se apoderó de la nación entre 1995 y 2005, década en la que se produjeron el 80 por ciento de las masacres, los asesinatos, las desapariciones, los secuestros y los desplazamientos forzados de los cincuenta años de conflicto colombiano.
Si en los meses que siguieron se hubiese sabido en detalle la responsabilidad de los militares en las desapariciones y ejecuciones de civiles o en la utilización desproporcionada de la fuerza en la retoma del Palacio de Justicia; si hubiésemos conocido y sancionado la actitud que tuvieron cada uno de los altos funcionarios del gobierno; si en las negociaciones de paz con el M-19 la verdad sobre lo que ocurrió ese noviembre de 1985 hubiese estado en la mesa, es probable que muchos militares se inhibieran en los años siguientes de la racha de ejecuciones extrajudiciales que pusieron en práctica, y que los políticos lo pensaran dos veces antes de enrolarse con fuerzas ilegales y, también, que la guerrilla se abstuviera de brutales actos de terror, como el ataque al Palacio de Nariño en la posesión presidencial de 2002 o la explosión de El Nogal en 2003.
Claro que es discutible el llamado para que la Corte Penal Internacional investigue al expresidente Betancur. Belisario es, sin duda, la persona de Estado que más ha comprendido el conflicto colombiano y el más generoso en la búsqueda de la reconciliación del país. La guerrilla le pagó con la más vil de las monedas.
No creo que él hubiese preferido contraatacar el Palacio en vez de negociar con el M-19. ¡Y fíjense amigos lectores! El solo llamado produjo un hecho trascendental: Enrique Parejo, ministro de Justicia de la época, dijo que en los sucesos del Palacio hubo constreñimiento de las funciones presidenciales por parte de las Fuerzas Armadas. También puede ser discutible obligar a los militares a pedirles perdón a las víctimas, pero es una afrenta menor a la producida por el general Navas al calificar al coronel Plazas Vega como héroe de la patria en el momento en que se produjo la condena del militar.
La sentencia del Tribunal de Bogotá tiene la enorme virtud de activar la memoria de los colombianos y abrir el camino para que cosas como estas no sigan ocurriendo. Porque... hablemos sin tapujos: si ahora mismo la guerrilla tuviera la oportunidad de tomar como rehenes a un grupo de altos funcionarios del Estado o de líderes políticos o de empresarios, lo haría sin escrúpulo alguno, y las fuerzas de seguridad tendrían igualmente como primera opción el rescate sin importar las consecuencias. ¿No es eso lo que ha ocurrido con muchos secuestrados?
HISTORIA Y JUSTICIA
Por Antonio Caballero
una cosa es querer hacer justicia (acertando o equivocándose en la sentencia), y otra pretender ocultar la historia.
Con la condena a treinta años de cárcel proferida por el Tribunal Superior de Bogotá contra el coronel Alfonso Plazas Vega, quien ya ha pasado varios de detención preventiva en un casino de oficiales, vuelven a aflorar las responsabilidades penales y políticas de aquel atroz episodio criminal, obra de múltiples autores enfrentados, que fue la toma y contratoma del Palacio de Justicia hace 25 años. En la sentencia se le exige también al Ejército que pida públicamente perdón por lo ocurrido. Y se propone que el entonces presidente de la república Belisario Betancur responda por ello ante la Corte Penal Internacional.
(Ante lo cual sale el hoy presidente Juan Manuel Santos a pedirle perdón a Betancur, cosa que no viene a cuento: el jefe del Ejecutivo no tiene por qué opinar sobre las decisiones del Poder Judicial).
El expediente del caso tiene 42.465 folios (que yo no he leído), y los defensores del condenado coronel Plazas afirman que está lleno de inconsistencias y de falsos testimonios. Pero en el fondo hay un hecho incontrovertible, del cual fuimos testigos millones de colombianos a través de la televisión: la eliminación, posterior a los combates, de once personas que vimos salir vivas y detenidas del Palacio incendiado, y después fueron encontradas muertas dentro de sus ruinas calcinadas o desaparecieron sin rastro. (La condena a Plazas se refiere solo a dos de ellas, sobre cuyos casos, según los magistrados, hay plena prueba).
En primer lugar hay que barrer el mucho palabrerío políticamente interesado que ha ido creciendo a lo largo de estos veinticinco años en torno a la tragedia. Así, no es verdad que se juzgue al coronel -y otros más deberían ser juzgados- por haber 'defendido la democracia' en la batalla del Palacio. Se lo juzga por un delito específico cometido después de esa defensa, que es el de la desaparición forzada. Y así, tampoco es verdad que se haya premiado a los subversivos del M-19 que desataron la masacre tomándose a tiros el Palacio. Todos los que participaron en esa acción insensata, incluidos los jefes de la organización en aquel entonces, están hoy muertos (o desaparecidos). Los que aún viven (entre otras razones porque no estaban ahí) son los que hacen política electoral y pacífica desde que años después, al cabo de una negociación política, fueran amnistiados.
Dice el coronel Plazas que lo que él pide es justicia, y no perdón (saliéndole al paso al oportunista 'perdón' que pide y otorga por su cuenta un antiguo militante del M-19, el ubicuo Carlos Alonso Lucio, que nada tiene que ver en el asunto, pero quiere figurar). Pero debe haber justicia no solo para Plazas, que según la sentencia es solamente "coautor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada", sino también para los demás coautores, mediatos e inmediatos. Plazas es un eslabón intermedio. Sus subordinados, presuntos autores materiales del crimen, ni siquiera han sido identificados. Uno de sus superiores, el entonces comandante del Ejército General Rafael Samudio, se jactó pocos meses después en una conferencia de militares en Chile de que la brutal contratoma del Palacio por el Ejército, con su centenar de muertos, había sido "un ejemplo para el mundo" (y lo fue, en efecto: ha sido imitada en muchos otros países). Y solo otro, el general Arias Cabrales, comandante en la época de la XIII Brigada del Ejército, ha sido condenado por los jueces.
En cuanto al entonces presidente Belisario Betancur, sostiene que ha respondido varias veces a los investigadores, y es verdad. Una primera comisión ad hoc llegó a la asombrosa conclusión de que aquello había sido un acto político, y según ella los actos políticos no se pueden juzgar. Y su juez natural, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, siguiendo su inveterada costumbre, lo absolvió. Y ahí pararon las cosas (hasta ahora, cuando el Tribunal de Bogotá pide la intervención de la CPI).
Pero una cosa es querer hacer justicia (acertando o equivocándose en la sentencia), y otra pretender ocultar la historia. Es posible defender y también condenar tanto la toma como la contratoma: pero no es posible negarlas. Desde el punto de vista de la historia hay que aceptarlas, y desde el punto de vista de la justicia llega siempre el momento de olvidarlas. La historia del mundo, y no solo la de este país, está tejida de olvidos históricos, que son indispensables. De amnistías y de indultos y de perdones sin los cuales la historia sería intolerable. Y ha sido tolerada, y continúa siéndolo.
¿Quién responde por la guerra de los Mil Días? O, yendo más atrás, como hace el pintoresco Timochenko de las muy actuales Farc, ¿quién responde por la Guerra de Troya?